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LEGIS Actualidad. EL LIMBO DE LOS JUECES SUSTITUTOS

María A. tiene 50 años, de los que ha pasado 26 ejerciendo como juez. Desde que ocupó su primer destino, en 1987, trabajó de forma ininterrumpida hasta finales de 2012, cuando entró en vigor una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limita el trabajo de los jueces sustitutos, un colectivo regulado desde 1985 y que en algunos ejercicios firmaron una de cada cuatro sentencias dictadas en España. En 2012, María trabajó 268 días como juez. En 2013, solo cinco. Ha agotado el subsidio de desempleo, cuenta que ha perdido 24 kilos y que su situación, como la de muchos de sus compañeros, es “desesperada”.

Cuando el Gobierno aprobó la reforma, los jueces sustitutos ya advirtieron de que, en la práctica, suponía un despido encubierto. Durante 30 años fueron la primera opción a la que recurrían los jueces decanos y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia para suplir bajas laborales y excedencias. Pero el nuevo texto establece seis opciones de suplencias y ellos son la sexta. Solo se les llama “en último término y agotadas las anteriores posibilidades”. Y, mientras siguen nombrados como jueces, no pueden trabajar en otra cosa porque los sustitutos están sujetos al mismo régimen de incompatibilidades que los titulares.

Ha pasado un año y medio desde que entró en vigor el cambio y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene nombrados a 1.253 sustitutos (948 jueces y 305 magistrados) pero la mayoría apenas ha trabajado dos o tres días en el último año. Según el Ministerio de Justicia, en la nómina de mayo se incluyó a 448 suplentes, alrededor de un tercio de los que hay nombrados, pero un portavoz del departamento admite que eso no significa que todos hayan trabajado el mes completo. Porque los llamamientos pueden ser para días, semanas o meses.

Marta Hernández (nombre ficticio, no quiere dar el real porque está preparándose las pruebas para entrar al llamado cuarto turno, un cuerpo para juristas de reconocido prestigio) ha ejercido 20 años como juez en Madrid. En este tiempo ha firmado más de 7.600 sentencias. “Salvo la Social, pisé todas las jurisdicciones”, cuenta. El último contrato se le acabó en enero de 2013 y desde entonces espera en casa una llamada para volver a ejercer. Cobra 1.000 euros de subsidio de desempleo que se le acaban en agosto, y los ingresos de su marido, relojero autónomo, no alcanzan para mantener a la familia, que dejó de pagar por primera vez en junio la cuota de la comunidad. “Nos acercamos al abismo, como millones de familias”, admite.

Marta confía en alejarse unos metros del agujero, aunque sea de forma transitoria, cuando el Ministerio de Justicia abone los trienios que el Consejo General del Poder Judicial nunca les reconoció y que ahora ha empezado a pagar por orden del Tribunal Supremo, que dictaminó en noviembre de 2012 a favor de los jueces suplentes. Tras la sentencia, el ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón y el Poder Judicial tardaron meses en ponerse de acuerdo sobre a quién le tocaba reconocer los trienios, hasta que acordaron que el Poder Judicial es el encargado de desglosar la vida laboral de cada afectado y certificar sus días de trabajo. La propuesta se envía al ministerio, que debe abonar a cada juez la cantidad que le corresponda por sus últimos cuatros años de trabajo, el límite que fijó el tribunal.

Un año y medio después de que el Supremo instara al pago, en la nómina de junio se han abonado los atrasos a los siete primeros jueces. El ministerio sólo ha resuelto por ahora 33 peticiones, pero admite que tendrá que hacer frente a más de 1.000. El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde, cifra en más de seis millones de euros la deuda a los jueces sustitutos y asegura que se van a ir pagando a medida que el Poder Judicial certifique cada caso.

Para Marta, que espera recibir entre 10.000 y 15.000 euros, el cobro o no cobro de los trienios es “la vida o la muerte”. Un símil parecido usa Teresa Márquez (también nombre ficticio), que ya ha cobrado porque ejerció unos años como fiscal sustituta. A los fiscales les reconocieron el derecho a los trienios en la misma sentencia del Supremo pero, al ser muy pocos y depender en exclusiva del ministerio, recibieron el ingreso hace meses. A Teresa, de 52 años, que cobró 8.000 euros, le ha servido para devolver deudas que tenía con amigos y con su comunidad de vecinos. Ahora, otra vez casi a cero y con pocas expectativas de trabajo, no sabe qué hacer. No tiene familia, ha agotado el subsidio de desempleo y la Renta Activa de Inserción.

El director general admite que la reforma de la ley orgánica ha dejado “situaciones personales duras” entre los jueces sustitutos. “Somos conscientes, vienen aquí a pedir solución, pero el sistema anterior era económicamente inasumible”, sostiene Conde. “La reforma de 2012 insiste en lo que ya se decía en la anterior, pero se incumplía. Desde la ley orgánica de 1985 los jueces sustitutos son una figura excepcional. Pero con los años empezaron a ser habituales”, afirma el director general, que no esconde que tras la decisión de apartar a este colectivo hay, por encima de todo, una razón económica: en 2011 el Ministerio de Justicia se gastó más de 65 millones de euros en jueces y magistrados suplentes. “Se había desvirtuado el sistema. El problema es que se creó la expectativa de poder vivir de esto y cuando ha llegado la crisis no era sostenible”, insiste Conde.

El Poder Judicial nombra a los sustitutos tras superar un concurso de méritos y una entrevista en la que se valoran sus conocimientos en temas jurídicos. Desde ese momento, deben renovar su nombramiento cada año judicial, de septiembre a agosto, y tienen que estar disponibles las 24 horas para cubrir posibles bajas o excedencias. Mientras sigan nombrados, las únicas actividades retribuidas que pueden ejercer son la docencia o la investigación jurídica y la producción y creación literaria, artística o científica. “Nos están matando de hambre. Lo que quieren es que renunciemos, pero tengo 52 años, he trabajado siempre como juez y es para lo que estoy preparada y en lo que me he dejado la vida”, afirma Teresa.

Algunos ya han renunciado, como Ana Soteras, de 53 años, que tras 26 años como juez decidió dejarlo en octubre de 2013. “Llevaba varios meses sin trabajo y veía que iba a seguir así”. Se dio de alta de abogada, pero reconoce que le ayudó que su marido ejerza también de abogado, por lo que pudo “acoplarse” a él. A la abogacía ha pensado también en volver Rafael Ponce, que decidió hacerse juez sustituto hace nueve años, tras casi 15 trabajando en su propio despacho. El año pasado se fue al paro y cuando estaba “a punto” de claudicar, le llamaron para cubrir una vacante de un juez que había cambiado de plaza. Empezó en febrero y teme que terminará en septiembre. “Me tendré que replantear otra vez todo”, lamenta Ponce. Fuente: El País.

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