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LEGIS Actualidad. LOS ABOGADOS CLAMAN CONTRA LA LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES

El Consejo General de la Abogacía Española y los principales colegios de abogados rechazan la versión del anteproyecto de servicios y colegios profesionales que el Gobierno aprobará próximamente.

 

La última versión en la que trabaja el Ministerio de Economía sobre el anteproyecto de Ley de servicios y colegios profesionales, que se ha conocido esta semana, y que podría llevarse este mismo viernes al Consejo de Ministros no ha gustado nada a los abogados. El texto, que reduce el número de profesiones de obligada colegiación a 38, frente a las 80 que existen en la actualidad, y que deja fuera profesiones jurídicas y técnicas en régimen de dependencia laboral, está siendo muy contestado por los estamentos que representan a los letrados españoles. Así, el Consejo General de la Abogacía (CGAE) y los principales colegios de España, los de Madrid y Barcelona, han mostrado su total rechazo.


El CGAE lamenta que el Gobierno no haya mantenido, a pesar de haberse solicitado reiteradamente, un diálogo sobre el texto y reclama nuevamente un debate serio antes de su aprobación. Según asegura su presidente, Carlos Carnicer, «en una sociedad democrática, el Gobierno no debería hacer una norma sin contar adecuadamente con el sector que va a regular».


La Abogacía Española reitera su rechazo al anteproyecto y que no se hayan incorporado las alegaciones que presentó en su día, que evitarían daños a la profesión y perjuicios a los ciudadanos. Para Carnicer, «el texto, en lugar de solucionar problemas, crea otros nuevos, contiene excesos normativos y numerosas regulaciones prescindibles y, sobre todo, desaprovecha la oportunidad de modernizar de verdad los colegios profesionales, lo que se hubiera conseguido fácilmente si hubiera habido un diálogo serio con quienes representan a más de millón y medio de profesionales».
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca, asegura que «esta ley es lo peor que pueden tener los abogados. Economía no tiene ni idea de los problemas, ni lo que representan los colegios y el servicio que prestan a los ciudadanos. Hablan de ello como si fuera un mercado, pero los derechos de los ciudadanos no son mercancía».


Ruptura de la profesión


El texto del anteproyecto que estudia Economía especifica que la colegiación será obligatoria para varias profesiones, como médicos, dentistas, farmacéuticos o abogados, entre otras, pero quedarán fuera algunas de las ramas legal y técnica cuando se practiquen en régimen de dependencia laboral, como por ejemplo los abogados de empresa.

 


En este sentido, el CGAE censura que la colegiación se limite sólo a los abogados que actúen ante tribunales y para los que presten asistencia jurídica y no mantengan relación laboral con el asesorado. «La norma propuesta en el anteproyecto conocido es una división y ruptura de la profesión contraria a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la jurisprudencia del Supremo. No hay dos abogacías diferentes, sino diversas formas de ejercer una sola profesión. La colegiación debe ser obligatoria para prestar cualquier servicio propio de la profesión», explica Carnicer.
En sentido similar se pronuncia la decana del Colegio de Abogados de Madrid (Icam), Sonia Gumpert, para quien «la última versión del anteproyecto sigue implicando una fractura en la profesión en dos tipos de abogacía, contraria a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la realidad social». Gumpert añade que «esta dualidad es inexistente, precisamente porque el ejercicio tiene muchas facetas, –que trascienden la mera actuación ante los tribunales de Justicia también en el seno de la empresa–, máxime cuando la judicialización suele constituirse como última ratio en la resolución de conflictos o, incluso, innecesario en caso de solución alternativa.

 

 

Cuotas colegiales


También ha causado polémica la limitación de las cuotas colegiales. Para Carnicer, el anteproyecto aumenta las obligaciones de los colegios e incrementa la burocracia, al mismo tiempo que elimina las cuotas de inscripción, que condena a la desaparición a la mayor parte de las instituciones, la pérdida de cientos de puestos de trabajo y mayores dificultades para el acceso a la Justicia a los ciudadanos».
Gumpert añade que «la limitación de la cuota supone una injerencia injustificada en la autonomía y autorregulación de los colegios. Para la decana madrileña, el anteproyecto es, en definitiva, «engañoso en su planteamiento, fines y sus efectos. No se ha contado en este caso con la opinión de la abogacía, siendo ésta indispensable».


Aspectos más controvertidos del anteproyecto


- El canon de entrada e inscripción en los colegios de abogados se suprimirá y la cuota anual no podrá sobrepasar los 240 euros, aunque con la posibilidad de aumentarla por mayoría cualificada.
- Quedarán fuera de colegiación obligatoria los abogados internos de las empresas, es decir, los que mantengan relación laboral con el asesorado. El resto de letrados tendrán que colegiarse.

Fuente: Expansión.

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