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DESAFÍO CONSTITUCIONAL

Son históricos estos días que vivimos para nuestra, aún muy joven, democracia constitucional. El nacionalismo político catalán, en bloque, y no aisladamente, sino sostenido y aupado por una parte importante de la sociedad de Cataluña, ha presentado el mayor desafío al ordenamiento constitucional de 1978 de todos los que hasta ahora y desde la entrada en vigor de la Norma Suprema ha habido. Y ello porque es la primera vez que todo un conjunto institucional, conformado por el Govern y el Parlament de Cataluña, con un claro respaldo social, materializa en una norma con rango de Ley una voluntad colectiva que colisiona con la estructura territorial del Estado que se recoge en la Constitución Española.

 

La solución estrictamente constitucional y jurídica es cristalina: la Ley catalana de consultas, y aun menos, la celebración de la consulta sobre la independencia de Cataluña del resto del territorio nacional para convertirse en un Estado soberano distinto al español no tienen encaje alguno y deben ser rechazadas. Por estricta jerarquía normativa y el carácter de Norma Suprema de la Constitución Española, concretamente, de su artículo 2 que consagra la indisoluble unidad de la Nación Española, única e indivisible. En consecuencia, lo que contraría la norma constitucional, sencillamente, no es jurídicamente posible.

 

Hasta ahora, el avance de la política nacionalista nunca había llegado tan lejos, aunque sí lo había intentado con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que configuraba esta Comunidad Autónoma como Nación, lo que, como se acaba de decir, no tiene cabida alguna, como ya dijo el Tribunal Constituicional. Por ello, la "vía" para conferirle tal carácter a la que se acude ahora es el clamor popular directamente expresado en un referéndum. 

 

Una Comunidad Autónoma carece de competencias, conforme a la Constitución de nuevo, para convocar un referéndum en tales términos. Por este motivo, lo contrario, que es lo que constituye la Ley catalana de Consultas y la convocatoria de la consulta, suponen presentar un marco de legalidad claramente opuesto a la primera norma de nuestro ordenamiento, y aún más, un anuncio de actuación material institucional, con la propia convocatoria de la consulta popular y su celebración para el próximo 9-N, que también supone contradecir diametralmente la cúspide de la pirámide normativa, lo que nunca antes se había hecho. Por eso es el mayor desafío al sistema constitucional que rige nuestro Estado de Derecho de todos los que hasta ahora ha sido necesario afrontar.

 

El conjunto de las instituciones del Estado, con el Gobierno y el Tribunal Constitucional a la cabeza, han actuado rápidamente y sin temblores de pulso, recurriendo la Ley de Consultas y el Decreto de convocatoria, admitiendo a trámite los recursos y acordando su inmediata suspensión, para evitar que el conflicto normativo se cristalice definitivamente hasta que el máximo intérprete de la Constitución se pronuncie sobre el mismo. Por su carácter histórico y su interés, acompañamos el texto íntegro de la Ley de Consultas y las dos Providencias del Tribunal Constitucional que admiten a trámite los recursos presentados y suspenden la eficacia de las normas impugnadas.

 

La pregunta clave es si la solución es estrictamente jurídica, y por tanto, si el problema desaparece con la actuación de las instituciones del Estado aplicando la legalidad constitucional, que es lo único que hasta ahora se ha producido y lo que previsiblemente tenga lugar próximamente. Porque en caso contrario, nuestro Estado de Derecho tiene un grave problema sin aparente solución.

 

Como decimos, vivimos días y momentos históricos ante el mayor desafío constitucional, lo que sin duda es interesante y privilegiado para cualquier jurista o amante del Derecho. Esperemos que solo sea así y que no tengamos que lamentar consecuencias graves.

 

Descargables:

 

 

Ley de Consultas de Cataluña 

 

Providencia del TC sobre el recurso contra la Ley de Consultas de Cataluña 

 

Providencia del TC sobre el recurso contra el Decreto de Convocatoria de Consulta en Cataluña 

 

 

 

 

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